De nuevo suenen tambores de guerra en California, una situación que nos recuerda mucho a lo vivido a finales de los 90 cuando el estado norteamericano contemplaba como se tumbaba una vanguardista y atrevida ley que obligaba a los fabricantes a tener al menos un vehículo eléctrico en su gama, y que la presión de las petroleras y fabricantes finalmente enterraron.
Pero de nuevo los dirigentes de California se han puesto manos a la obra y el pasado año han puesto en marcha una agresiva ley que obligaba a los fabricantes a disponer en su gama de una versión eléctrica, pero a diferencia de la pasada ocasión, podían compensar las emisiones de sus vehículos con multas, todo para lograr que las ventas de eléctricos de híbridos enchufables alcance el 20% de las ventas en 2025.
En esta ocasión California no está sola, y además de contar con una administración central más amistosa con las nuevas tecnologías de la automoción, otros 9 estados se han alineado para lograr extender los beneficios de esta ley en sus territorios y conseguir que modelos como el Honda Jazz, el FIAT 500 EV, el Toyota Rav4 EV y otros modelos, también se tengan que vender en sus territorios.
Pero de nuevo el lobby de presión de los 12 principales fabricantes, con General Motors, Ford y Toyota a la cabeza, han puesto su maquinaria legal en marcha para lograr que la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos aplique un bloqueo temporal a esta ley, argumentando que ni la tecnología ni las infraestructuras de recarga están listas para acoger a nivel masivo al coche eléctrico, lo que provocará que la gente no compre los coches y eso provoque fuertes pérdidas a los fabricantes.
Según fuentes anónimas de los fabricantes, con el coste de la puesta en marcha de esta iniciativa se podrían desarrollar entre tres y cuatro nuevos modelos con motor de combustión, pero los representantes del estado defienden la ley asegurando que las expectativas de que las ventas de coches enchufables y de hidrógeno alcancen las 600.000 unidades al año para el 2025 están basadas en estudios de los propios fabricantes, por lo que los constructores no deberían argumentar contra sus propios estudios.
Los expertos han bautizado esta ley como «La camisa de fuerza» una legislación muy agresiva que ha venido acompañado de fuertes ayudas públicas tanto para la adquisición de los vehículos, hasta 13.000 dólares, pero también en la adquisición de los puntos de recarga y la expansión de las infraestructuras públicas, un fuerte desembolso y una ley que pretende devolver las cifras de emisiones durante el año 2050 a los números de 1990, pero que tendrá que luchar contra un poderoso lobby de empresas con grandes recursos legales, pero que ahora se arriesgan a perder el favor del público si su implicación es tan agresiva como en los años 90.
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Fuente | Autonews
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